Cuatro años después del caso Dobbs versus la Organización de Salud Jackson, la decisión de la Corte Suprema que anuló casi 50 años de jurisprudencia que establecía el derecho constitucional al aborto en los Estados Unidos, el acceso al aborto se ha vuelto aún más precario para las mujeres de color, con nuevos y crecientes ataques y restricciones a la salud reproductiva y la autonomía corporal. Los legisladores antiaborto, tanto a nivel federal como estatal, han recortado el financiamiento de las clínicas de salud reproductiva y restringido el acceso al aborto con medicamentos, al tiempo que desvían millones de dólares de fondos públicos y dinero de los contribuyentes a los Centros Antiaborto (AAC por sus siglas en inglés), también conocidos como Centros de Embarazo en Crisis (CPC por sus siglas en inglés).
Un nuevo análisis de la Asociación Nacional de Mujeres y Familias y el Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva (Latina Institute) revela el impacto perjudicial de las restricciones al aborto en las mujeres Latinas cuatro años después del caso Dobbs. Las mujeres Latinas constituyen el grupo más numeroso (6.4 millones) de mujeres de color que viven en estados donde el aborto está prohibido. Además, las mujeres Latinas tienen más probabilidades que cualquier otro grupo de mujeres en edad reproductiva de vivir en estados donde las clínicas de salud reproductiva se han visto obligadas a cerrar debido a la prohibición de financiamiento de Medicaid durante un año, establecida en la Gran y Hermosa Ley (OBBBA por sus siglas en inglés). En conjunto, más de 12 millones de mujeres Latinas viven en estados con cierres de clínicas, estados que han restringido el acceso al aborto con medicamentos o estados donde el aborto está prohibido.
Las Latinas poseen una diversidad de identidades y experiencias, incluyendo etnias, nacionalidades, idiomas hablados y estatus migratorios, todo lo cual influye en cómo interactúan con el sistema de salud estadounidense y el trato que reciben. Tienen más probabilidades de carecer de seguro de salud que las mujeres blancas no Latinas y de no contar con los recursos económicos para costear los servicios de salud. Es probable que estas disparidades en la cobertura empeoren con los recientes recortes y restricciones en la cobertura de Medicaid y el mercado de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA por sus siglas en inglés). Las Latinas inmigrantes han enfrentado durante mucho tiempo un acceso limitado a los servicios de salud debido a exclusiones por estatus en los programas federales de salud. Por ejemplo, los inmigrantes indocumentados nunca han calificado para las opciones de cobertura federal. Mientras que muchos inmigrantes con estatus legal deben soportar un período de espera de cinco años antes de recibir cobertura en los servicios de salud.
Estas barreras combinadas se ven aún más exacerbadas por la hostilidad y la violencia que la administración Trump ejerce contra los inmigrantes, muchos de los cuales se identifican como Latinas. Las políticas antiinmigrantes, junto con las prohibiciones estatales del aborto, las restricciones al aborto con medicamentos y los recortes financieros a las clínicas de salud reproductiva, obligan a las Latinas a tomar decisiones imposibles para acceder a los servicios de salud reproductiva.
Cierre de clínicas de salud reproductiva y su impacto en las mujeres Latinas
Las mujeres Latinas están enormemente sobrerrepresentadas en los estados donde las clínicas de salud reproductiva han cerrado en el último año. Como resultado de la OBBBA—casi 11 millones (dos tercios) de las Latinas en edad reproductiva viven en estos estados. Algunos grupos importantes de Latinas en estos estados con restricciones se ven particularmente afectados: Las Latinas de la Generación Z (5 millones), madres Latinas (4.5 millones), las Latinas con inseguridad económica (3.9 millones) y las Latinas inmigrantes (3.5 millones).
La disposición de la OBBBA de un año para «retirar fondos a Planned Parenthood», que prohibía el reembolso de Medicaid a las clínicas de salud reproductiva que ofrecen abortos, ha provocado el cierre de clínicas y ha restringido el acceso a servicios preventivos esenciales como las pruebas y el tratamiento de infecciones de transmisión sexual, las pruebas de detección del cáncer y los anticonceptivos. Además, el año pasado, la administración Trump retuvo millones de dólares en fondos destinados a las clínicas del Título X, incluyendo las de Planned Parenthood. El Título X es el único programa federal dedicado a proporcionar servicios de planificación familiar asequibles y atiende a pacientes sin importar su estatus migratorio. En las zonas rurales y con escasez de servicios de salud del país, estas clínicas suelen ser la única fuente de servicios de salud para las comunidades. En conjunto con la prohibición del financiamiento de la OBBBA, estas decisiones han provocado el cierre de 51 clínicas de Planned Parenthood, agravando la escasez de los servicios de salud.
El impacto de estos cierres es sumamente perjudicial para las mujeres Latinas, la cuales representan al grupo más numeroso de personas de color atendidas por Planned Parenthood. El cierre de clínicas obliga a las mujeres Latinas a desplazarse más lejos para recibir servicios de salud, lo que puede generar dificultades de transporte y económicas, además de aumentar su riesgo de ser objeto de deportaciones masivas en el marco del plan de la administración Trump. Como resultado de estas restricciones, algunas mujeres Latinas podrían verse obligadas a retrasar o renunciar a los servicios de salud, incrementando así su riesgo de padecer de cánceres prevenibles, embarazos no deseados e infecciones sin tratar.
Mientras los extremistas antiaborto desfinancian las clínicas de salud reproductiva, millones de dólares se destinan a los Centros Antiaborto (AAC), ampliando su alcance perjudicial y su campaña de desinformación. Los AAC son organizaciones no médicas que se hacen pasar por centros de salud, utilizando letreros, nombres y estilos arquitectónicos que imitan a las clínicas que realizan abortos para confundir a las personas y disuadirlas de buscar servicios de aborto. En muchas áreas, superan en número a las clínicas de salud reproductiva. Desde la decisión del caso Dobbs, 21 estados han destinado casi quinientos millones de dólares de los contribuyentes a los ACC, mientras que al menos ocho estados han redirigido millones a los ACC provenientes del programa federal de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), dinero destinado a ayudar a las familias pobres a cubrir sus necesidades básicas como alimentación y vivienda.
Los AAC promueven la educación sexual basada únicamente en la abstinencia, buscan disuadir a las mujeres embarazadas de acceder a los servicios de aborto y carecen de protección de la privacidad de la salud de los pacientes. Estos centros no están obligados legalmente a cumplir con la a Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA, por sus siglas en inglés), lo que significa que pueden divulgar y vender libremente información personal y médica, como el historial y los resultados del embarazo, a las fuerzas del orden y a organizaciones externas, exponiendo a sus clientes a la criminalización y a las filtraciones de datos. Las mujeres Latinas corren un riesgo especial de ser víctimas de las tácticas engañosas de estos centros. Se sabe que estos centros se anuncian en español, utilizan modelos negras y Latinas en sus anuncios para parecer familiares e inclusivos, y atraen a sus clientes ofreciendo ecografías gratuitas y apoyo material como pañales y cochecitos, artículos que de otro modo serían demasiado costosos para algunas familias. Aprovechándose de las necesidades económicas, culturales y lingüísticas de las mujeres Latinas, estos centros se presentan como una opción de «servicio» asequible en un panorama en donde los servicios están cada vez más saturados y limitados. Con menos opciones de servicios y más exclusiones por motivos de estatus inmigratorio y social, las mujeres Latinas quedan vulnerables a estos centros perjudiciales.
Ataques contra el acceso al aborto con medicamentos
Más de un tercio (36%) de las mujeres Latinas viven en estados donde se han restringido las leyes sobre el aborto con medicamentos. Sin embargo, las mujeres Latinas de zonas rurales se ven especialmente afectadas, ya que el 40% reside en estados donde se ha restringido el acceso a este tipo de aborto. Las comunidades rurales ya enfrentan dificultades particulares para acceder a los servicios de salud reproductiva, como la escasez de obstetras y la necesidad de recorrer largas distancias para recibir servicios de salud. Estas dificultades, sumadas a las restricciones migratorias y al riesgo de ser detectadas por las autoridades de inmigración al viajar, hacen que las restricciones al aborto con medicamentos afecten especialmente el acceso de las mujeres Latinas de zonas rurales.
El aborto con medicamentos ha sido fundamental para ampliar el acceso a los servicios de aborto en estados con leyes restrictivas. Para las mujeres Latinas, el aborto con medicamentos puede ser una opción más segura y asequible, reduciendo la necesidad de viajar largas distancias y, por lo tanto, minimizando el costo adicional de la estadía en un hotel, el cuidado de los niños y la pérdida de ingresos asociada con viajar a través de las fronteras estatales para recibir servicios de salud. También puede disminuir la exposición a los funcionarios de inmigración, permitiendo a las mujeres Latinas gestionar un aborto desde la seguridad y comodidad de su hogar. Puede ser especialmente beneficioso para las mujeres Latinas en áreas rurales donde ya existe una escasez de proveedores y opciones de servicios.
«Me encontré desesperada cuando supe que estaba embarazada. Cuando busqué ayuda me encontré con la sorpresa de que no era tan fácil obtener este servicio que me iba ayudar. Gracias a la ayuda de una persona me pude conectar con una organización que me mandó unas pastillas con instrucciones».
– Narradora de Latina Institute de Texas.
Sin embargo, algunos estados están restringiendo el acceso al aborto con medicamentos al prohibir la telemedicina y el acceso a la mifepristona en farmacias, impugnar las leyes de protección interestatal que amparan a los proveedores que envían pastillas por correo a pacientes en estados con restricciones, imponer requisitos de visitas presenciales que dificultan los desplazamientos y presionar a la FDA para que revoque la aprobación de la mifepristona, uno de los dos medicamentos comúnmente utilizados en el aborto con medicamentos. Estos ataques afectan de manera desproporcionada a las mujeres en estados con prohibiciones del aborto, mermando las opciones seguras y comunes que aún existen. Para las mujeres Latinas, muchas de las cuales ya enfrentan barreras lingüísticas, inseguridad económica y restricciones de cobertura para acceder a los servicios de salud, estos ataques representan una restricción más a sus opciones y alternativas reproductivas.
Análisis a nivel estatal
Estados restrictivos con ataques combinados: Cierre de clínicas, ataques contra el aborto con medicamentos y prohibiciones estatales.
Algunos estados prohíben el aborto de forma parcial o total, imponen restricciones a la telemedicina y al aborto con medicamentos y se enfrentan al cierre de clínicas de salud reproductiva. Ante esta situación, las mujeres Latinas se ven obligadas a viajar más lejos para recibir servicios de salud, lo que genera importantes dificultades económicas y riesgos de criminalización. Texas y Florida son dos ejemplos de estados con políticas restrictivas que albergan a una gran proporción de mujeres Latinas, representando en conjunto 4.6 millones (el 28%) de todas las mujeres Latinas en edad reproductiva del país.
- Texas alberga a 3.1 millones de Latinas en edad reproductiva, lo que representa el 19% del total de las Latinas en edad reproductiva en el país. De estas Latinas, 1.4 millones son madres, 1.2 millones se encuentran en situación de inseguridad económica, casi 890,000 son inmigrantes, 1.4 millones pertenecen a la Generación Z y más de 450,000 dependen de Medicaid. Todas ellas se ven perjudicadas por las leyes draconianas en contra del aborto de Texas, que prohíben el aborto en todas las etapas del embarazo, excepto en casos de emergencias médicas que pongan en peligro la vida, y permiten que los ciudadanos presenten demandas civiles contra cualquiera que fabrique, envíe por correo, distribuya o proporcione medicamentos para el aborto en Texas.
- Florida alberga a 1.5 millones de Latinas en edad reproductiva, lo que representa el 9% del total de las Latinas en edad reproductiva en el país. De estas Latinas, más de 620,000 son madres, más de 490,000 se encuentran en situación de inseguridad económica, más de 680,000 son inmigrantes, más de 600,000 pertenecen a la Generación Z y más de 240,000 dependen de Medicaid. Todas estas personas se ven perjudicadas por la prohibición del aborto en Florida, que prohíbe estrictamente el aborto después de las seis semanas, antes de que muchas personas sepan que están embarazadas, y, con pocas excepciones, solo en caso de emergencia médica o embarazo resultante de violación, incesto o trata de personas.
«La situación en Texas realmente es muy triste porque las leyes no nos favorecen. Al contrario, están metiendo nuevas leyes que nos están afectando directamente a nosotros como Latinos y como mujeres».
— Narradora de Latina Institute Texas.
«Mi propia historia ha moldeado mi forma de pensar sobre el cuidado y la libertad para elegir. Soy hija de adopción. Cuando quedé embarazada a los 20 años, el desgaste hormonal y emocional fue demasiado. Poner fin al embarazo fue la mejor decisión para mi salud mental y emocional. Fue doloroso, pero no me arrepiento. Es solo una parte de mi experiencia vital, no me define por completo».
— Narradora de Latina Institute Florida.
«Florida solía ser un lugar seguro… ahora veo desaparecer las clínicas y me pregunto cuánto tiempo más tendremos acceso a ellas».
— Latina Institute Florida storyteller.
Estados con protecciones y ataques federales
En algunos estados el aborto es legal, pero ataques federales como la OBBBA están restringiendo el acceso y socavando la autonomía estatal. Más del 90 por ciento de las clínicas de Planned Parenthood que corren el riesgo de cerrar, se encuentran en estos estados con protecciones. Sumado a los recortes a Medicaid que ya están provocando el cierre de hospitales en todo el país, la pérdida de una clínica de Planned Parenthood es irremplazable, lo que deja a las mujeres Latinas en un riesgo grave para su salud y más vulnerables a los centros antiaborto. Nueva York y California son dos ejemplos de estados con protecciones en riesgo de cierre de clínicas y representan 5.1 millones (el 31%) de todas las mujeres Latinas en edad reproductiva del país.
- Nueva York alberga a casi 980,000 Latinas en edad reproductiva, lo que representa el seis por ciento del total de las Latinas en edad reproductiva en el país. De estas Latinas, más de 380,000 son madres, casi 360,000 se encuentran en situación de seguridad económica, más de 370,000 son inmigrantes, casi 430,000 pertenecen a la Generación Z y casi 410,000 dependen de Medicaid. Estas Latinas tienen acceso protegido al aborto hasta las 24 semanas de embarazo y pueden usar Medicaid para cubrir el costo del mismo. Después de las 24 semanas, con algunas excepciones por emergencias médicas o riesgos para la salud, las mujeres embarazadas puede que tengan que viajar fuera del estado para obtener un aborto en una etapa avanzada. A pesar de los derechos y el acceso al aborto protegidos en Nueva York, la prohibición de financiamiento de Medicaid impuesta por la OBBBA durante un año ha obligado al cierre de clínicas, lo que restringe la elección de proveedores y las opciones para las Latinas en el estado.
- California alberga a 4.1 millones de Latinas en edad reproductiva, lo que representa el 25% del total de las Latinas en edad reproductiva en el país. De estas Latinas, 1.7 millones son madres, 1.4 millones se encuentran en situación de inseguridad económica, 1.2 millones son inmigrantes, 1.9 millones pertenecen a la Generación Z y 1.5 millones dependen de Medicaid. Las Latinas en California pueden acceder a servicios de aborto hasta la viabilidad fetal, generalmente entre las 24 y 26 semanas de embarazo, con algunas excepciones. Medicaid también puede utilizarse para cubrir el costo del aborto. Sin embargo, la prohibición de financiamiento de la OBBBA está poniendo en riesgo el programa Medicaid del estado y su amplia cobertura de salud sexual y reproductiva, lo que representa un riesgo grave para la salud de las Latinas.
«El acceso a los servicios de aborto es un derecho humano. He visto a personas de mi entorno enfrentarse a obstáculos como la imposibilidad de pagar un aborto deseado, viajar más de una hora en tren para llegar a una cita, la dificultad para conseguir citas a tiempo y tener que escuchar a manifestantes camino a la clínica».
— Narradora de Latina Institute Nueva York.
Conclusión
Las mujeres Latinas merecen vivir en comunidades libres de miedo y violencia estatal —incluyendo las políticas antiinmigrantes y las prohibiciones y restricciones al aborto— donde tengan plena autonomía sobre sus cuerpos y los recursos para acceder a todos los servicios de salud reproductiva. Ahora más que nunca, necesitamos que los legisladores financien los servicios de salud e inviertan en la seguridad y la dignidad de todas las personas.
Por último, las organizaciones que brindan servicios a las mujeres Latinas deben priorizar el acceso al aborto. El acceso al aborto es fundamental para que las mujeres Latinas y sus familias prosperen, no solo sobrevivan. Las mujeres Latinas merecen que su salud reproductiva y su futuro sean valorados y priorizados, y la justicia reproductiva exige que tengan el poder de tomar sus propias decisiones sobre su salud, su sexualidad y sus familias.
Este informe fue elaborado en colaboración entre el Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva y la Asociación Nacional para Mujeres y Familias. Agradecemos especialmente a Salen Andrews, Lorena Bonet Velázquez, Ashley Kurzweil, Llenda Jackson-Leslie, Mettabel Law, Erin Mackay, Rosann Mariappuram, Anabel Masaschi, Katherine Olivera, Katherine Gallagher Robbins y Yamila Ruiz por sus contribuciones. Asimismo, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a las personas anónimas de Latina Institute que compartieron con nosotros sus experiencias al buscar servicios de aborto.
Nota sobre los métodos de investigación
En nuestro análisis, un estado en el que el aborto está prohibido cumple al menos uno de los siguientes criterios: (1) tiene una prohibición de aborto «detonante» o una prohibición total del aborto en vigor, o (2) tiene límites gestacionales en vigor que prohíben el aborto entre las seis y las veinte semanas. A la fecha de publicación de este análisis, estos estados son Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah y Virginia Occidental. Véase Después de la caída de Roe: Leyes de aborto por estado. Además, en nuestro análisis, los estados en los que las clínicas han cerrado a partir de la primavera de 2026 debido a la OBBA son California, Colorado, Florida, Indiana, Iowa, Luisiana, Michigan, Misuri, Nueva York, Ohio, Tennessee y Texas. Véase El desastre del «desfinanciamiento»: Cómo el ataque republicano a Planned Parenthood perjudica a las pacientes y aumenta los costos de los servicios de salud en Estados Unidos. Finalmente, en nuestro análisis, los estados que han atacado el acceso al aborto con medicamentos incluyen estados que han promulgado prohibiciones al aborto por telesalud, prohibiciones al envío o distribución de pastillas para el aborto con medicamentos, o leyes que clasifican las pastillas del aborto con medicamentos como sustancias controladas o estados que han presentado demandas dirigidas a la mifepristona y al aborto por telesalud. A la fecha de publicación de este análisis, estos estados son Alabama, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Virginia Occidental y Wisconsin. Este análisis se basa en la Situación del aborto con medicamentos mediante telemedicina, los litigios relacionados con la mifepristona, y en investigaciones legislativas y legales independientes de la Asociación Nacional de Mujeres y Familias.
Este análisis de impacto utiliza la Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2020-2024 a la que se accede a través de IPUMS USA de la Universidad de Minnesota. Si bien las personas de muchas edades pueden quedar embarazadas, en este análisis utilizamos las edades de 15 a 49 años para alinearnos con el Instituto Guttmacher, la Organización Mundial de la Salud y otras. Las mujeres que constituyen la «Generación Z» en este análisis están situadas en las edades de 15 a 29. La forma en que se recopilan y reportan los datos de raza y etnia es fundamental para comprender las disparidades en salud y los servicios de salud. Estas categorías tienen una historia problemática, impuesta a las comunidades por entidades gubernamentales, a menudo en conflicto directo con la forma en que esas comunidades se identificaban a sí mismas. Estas categorías también han ido evolucionando con el tiempo, tanto en la forma en que las comunidades se autoidentifican como en la forma en que los gobiernos estandarizan la recopilación de datos. Las mujeres inmigrantes son mujeres nacidas en el extranjero que no son hijas de padres estadounidenses. Las personas nacidas en territorios y posesiones de EE. UU. nacen en EE. UU. Los inmigrantes incluyen ciudadanos naturalizados y no ciudadanos (residentes permanentes legales, es decir, titulares de la tarjeta verde, solicitantes de asilo, refugiados, titulares de estatus de protección temporal e individuos indocumentados, entre otros). Se identifica a las personas como personas con discapacidades en este análisis sí respondieron que tienen dificultades en uno o más de los siguientes seis ámbitos: Visión, audición, cognición, movilidad, autocuidado y vida independiente. Las personas pueden tener discapacidades múltiples. Esta es una definición limitada de discapacidad que excluye a una parte de las personas con discapacidades. Para obtener más información sobre cómo se mide la discapacidad en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, consulte el informe de la Oficina del Censo de EE. UU.: Cómo se recopilan los datos de discapacidad de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense. Si bien las personas de todos los niveles de ingresos pueden tener dificultades para llegar a fin de mes, en este análisis definimos «inseguridad económica» como vivir en una familia por debajo del 200 por ciento del umbral de pobreza federal. Se define que las mujeres viven en zonas «rurales» si viven fuera de las áreas metropolitanas. Las Latinas con dominio limitado del inglés no hablan inglés en casa y reportan no hablar bien inglés o no hablarlo en absoluto. Este análisis define «madre» como tener al menos un hijo (incluidos hijastros, hijos adoptivos o biológicos) menor de 18 años en el hogar. Debido a limitaciones de datos, hay madres que no están incluidas en esta definición, incluyendo aquellas que tienen hijos no residentes o mayores o aquellos cuyos hijos han fallecido. No todas las mujeres en edad reproductiva tienen el potencial de quedar embarazadas; muchas de ellas no pueden hacerlo por razones médicas o pueden no participar en actividades sexuales que podrían resultar en un embarazo.
Debido a limitaciones de datos, este análisis no incluye a personas que no se identifican como mujeres pero que pueden quedar embarazadas, incluyendo a los hombres transgénero y personas no binarias. Los 2.8 millones de personas transgénero de 13 años o más y 1.2 millones de personas LGBTQ no binarias de entre 18 y 60 años en los EE. UU. son profundamente afectadas por Dobbs. Muchas personas transgénero y no binarias pueden quedar embarazadas y se ven directamente afectadas por Dobbs. Los daños son más graves para las personas transgénero y no binarias de color, las personas con discapacidad y otras que pertenecen a múltiples comunidades marginadas. Las comunidades transgénero y no binarias no son mutuamente excluyentes.